Condena penal a la pirateria

El fiscal federal Jorge Di Lello solicitó que se eleve a juicio oral a un comerciante que “bajaba” música y películas de Internet que luego vendía y al que se le podría aplicar una condena que llega a los seis años de prisión.

Así lo indicaron esta mañana a Télam fuentes tribunalicias que señalaron que el pedido recayó sobre Carlos Alberto Stauffer a quien el fiscal le imputa “prima facie” los delitos previstos y reprimidos en los artículos 31 de la ley 22.362 (conocida como “ley de marcas”) y 72 de la ley 11723 (de propiedad intelectual).

La primera de esas normas castiga con multa y prisión de tres meses a dos años al que “ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada”, en tanto la segunda impone de un mes a seis años de prisión a quien “con fin de lucro reproduzca un fonograma sin autorización”.

La causa se inició el 18 de septiembre de 2005 por denuncia de la periodista María del Carmen Ballone quien refirió que “por toda la avenida Corrientes” y en las calles Cerrito y Bartolomé Mitre, en el centro porteño y en locales del metropolitano barrio de Barracas, se vendían “discos y películas apócrifos”; lo que motivó la investigación a cargo de Bonadío.

Diversas tareas de inteligencia permitieron determinar que en determinadas páginas de Internet se ofrecían “títulos full DVD copias del original” y otras en las que se promocionaban “compra y venta de cd’s-DIVX-Juegos, programas, MP3, música”, lo que llevó a los investigadores de rastrear a los titulares de los dominios de esos sitios.

Una inspección en el local de Azara 216 permitió establecer que allí se ensobraban cd’s, lo que entre otras pruebas derivó en el allanamiento del establecimiento -de propiedad de Stauffer- donde se incautaron 342 unidades de CDR, 53 discos compactos, otros 41 en formato CDR, 286 en formato DVD-R y 46 con inscripciones manuales.

“No existen dudas para afirmar que el nombrado Stauffer se encontraba en posesión de las obras audiovisuales y musicales determinadas ilegítimas, sin autorización de sus titulares, como así también que el nombrado las tenía en su poder con le fin de comercializarlas”, afirmó Di Lello en su dictamen de nueve carillas al que Télam tuvo acceso.

En ese sentido, añadió que “nada resta entonces para tener por acreditado fehacientemente el compromiso de Stuffer en los hechos que se le enrostran” motivo por el cual entendió que la causa “debe pasar a la siguiente etapa del proceso penal”, es decir al respectivo juicio oral y público en el que finalmente será absuelto o condenado.

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